viernes, 23 de noviembre de 2012

Y LO PRÓXIMO... EL VOTO CENSITARIO

No salimos de nuestro asombro con la barbarie que nos demuestra, un día sí y otro también, este ilustre Gobierno de meritorios prohombres de Universidad y Oposición, que más parecen, a juzgar por el primitivismo de lo que hacen, “analfabeti di retorno” que verdaderos hombres y mujeres de cacumen y cátedra, que es lo que se les suponía.

O a lo mejor hemos de encontrar la explicación a su iniquidad y manifiesta incompetencia en que son redomados felones –no confundir con masones, que eso lo eran los otros-, o a que estafaron, a ciencia y conciencia, a un electorado con la moral por los suelos, valiéndose de un programa y unas promesas que no estaban en disposición de acometer ni cumplir en la situación actual.

Su falta de sensibilidad, su arribismo, ha parido –o, a juzgar por su contenido y las virulentas y lógicas reacciones que ha suscitado en la sociedad española, ha malparido- la Ley 10/ 2012, de 20 de noviembre, por la que se regulan – con técnica legislativa deplorable, con precipitación en la entrada en vigor y con falta de previsión para su aplicación - determinadas tasas para el acceso a la jurisdicción –incluida la laboral-, y con la que se hace prácticamente imposible, habida cuenta la crítica época en que vivimos, la defensa de los cada vez más debilitados derechos de los ciudadanos -¡qué raro se me hace hoy llamar así a sujetos pasivos tributarios tan desposeídos de todo, tan vapuleados desde los poderes públicos, por mor de ese maná que, por haber dejado de caer, no sacia la voracidad de estos pseudorepresentantes de la soberanía popular, ni es suficiente para compensar el “spendere e spandare” de los últimos años o lustros!-.

Es inasumible para un ciudadano de a pie, y sobrepasa su resiliencia, pagar 300, 00 € por un procedimiento ordinario en la jurisdicción civil –si es que se ve obligado, por ejemplo, a realizar una reclamación de cantidad de más de seis mil euros- u 800, 00 € por un recurso de apelación –si es que no está conforme con el muchas veces ludopático criterio del juzgador-, o 1.200 € por un recurso de casación.

Obviamente, y como efecto colateral, esta legislación extorsionadora supone una agresión sin precedentes a los profesionales del Derecho, sobre todo a aquellos que intervienen con frecuencia ante los tribunales, ya que la medida va a hacer desistir a muchos ciudadanos de la defensa de sus derechos y, por consiguiente, los abogados, los procuradores –por cierto, ¿cuándo dejarán estos de ser una antigualla histórica y se fusionarán de una vez en el colectivo de abogados?- y hasta los peritos, van a ver tambalearse unas economías -las suyas- también diezmadas por los actuales tiempos de zozobra económica.

Y eso sin pensar en la deriva que pueda producirse hacia un “dumping” profesional para intentar hacer el trabajo de modo más económico que el compañero, por aquello de que el ciudadano, agobiado y limitado en sus medios económicos, ha de asumir o, al menos, hacer frente en un primer momento, a un coste tributario insoslayable.

Lo más denigrante, con todo, para un intelecto mínimamente cultivado es la afirmación que se contiene en el Preámbulo de la Ley cuando dice que “el derecho a la tutela judicial efectiva no debe ser confundido con el derecho a la justicia gratuita”.

El tema es que no estamos hablando de que el Estado –o las Comunidades Autónomas- deban asumir el gasto total de un procedimiento judicial en el que pueda verse inmerso cualquier ciudadano.

Es evidente que esto no es, ni puede ser, así.

Pero también es cierto que, para aquel al que legalmente se le presuma con capacidad económica para subvenir con sus propios medios al coste de un procedimiento judicial, el establecimiento de una tasa -y tan crasa- va a tener un efecto “disuasorio” para acudir a los tribunales de justicia. Y eso sí que es una traba a la tutela judicial efectiva, eso sí que es un torpedo a la línea de flotación del derecho fundamental recogido en el artículo 24.1 de la Constitución.

Son tantos los despropósitos cometidos por el detritívoro partido en el poder -partido que se dice, y se vendió electoralmente, como liberal, pero que demuestra modales intervencionistas de otro sesgo político- que ya no sabemos cuál será el próximo paso de aquel que, antes de ser Presidente, se autoproclamaba como absolutamente previsible. Hablamos de Don Mariano Rajoy Brey, de quien se postuló para pastor de un país descompuesto por años estériles de socialismo, pero también de imputados conservadores, y que a este paso va a quedarse sin cayado, zurrón ni grey.

Aprovechando el momento en que millones de españoles se hayan desperdigado por el mundo, en una salida constante, imparable y forzada por el hastío ante el desgobierno del país, vendrá, no lo próximo, sino lo enésimo.

Será por Decreto-Ley.

Será, quizás, el voto censitario.