TORRE DEL MAR, CIUDAD DEL "PARKING"

Lo de Torre del Mar en verano es para enmarcar, y en esta foto de dudoso honor no puede faltar su alcalde, el Sr. Delgado Bonilla.

Esta localidad del Municipio de Vélez-Málaga tiene, para mí, la desdicha, de entre todos los lugares de playa y vacaciones que conozco, que son muchos y en distintos países, de ser la peor gestionada a nivel de aparcamientos, pues, en verano sobre todo, cuando el sol cae a plomo, te ves obligado a dar mil vueltas antes de encontrar un sitio en el que estacionar, a lo que luego hay que añadir la pesada distancia que, en esas condiciones, has de recorrer -salvando además las sombrillas y flotadores de los apáticos turistas que circulan en manada por las calles- hasta llegar al sitio que pretendes.

Todo parece pensado desde la Alcaldía para impedir a los ciudadanos el aparcamiento en Torre del Mar:

Desde la actual habilitación de un espacio, otrora destinado a los coches, para “Mercado de Verano”, donde se pierde la posibilidad de estacionamiento de unos cien vehículos en beneficio de unas estrambóticas casetas blancas, cuya utilidad está por ver;

Hasta el permiso para (o descontrol en) la instalación por los restaurantes de unos soportes metálicos para colocar mesas, sillas y manteles de papel, y que se comen (porque hablamos de restaurantes) parte de la calzada, calzada donde antes se aparcaban los vehículos (por si el hecho de que estos establecimientos de hostelería se apropien del espacio de la acera, en perjuicio de los viandantes, no fuera suficiente);

O se acotan espacios, casi territorios, donde AMIVEL, una asociación uniformada dedicada, a cambio del consabido òbolo, a poner un ridículo papelito en los limpiaparabrisas cuando aparcas, ejerce su particular presión al ciudadano por su mera presencia;

Si es que no hay algún sin techo en algún otro lugar de la vía pública que, a ciencia y paciencia de las llamadas fuerzas del orden, te indica un sitio donde estacionar, imponiéndote con mayor rango, con su simple estar, el presunto deber (no sé si ciudadano o humano) de aliviar su situación económica, como si fuéramos responsables de lo que la Administración Pública, en cualquiera de sus niveles, deja de hacer.

Para mayor escarnio del Consistorio de Vélez- Málaga, las parejas de policías locales (ahora también ataviados con pantaloncito corto y patrullando en bicicleta, que para algo Fernán Gómez decía que son para el verano) se dedican a tareas de “producción”, multando a aquellos vehículos que se encuentran mal aparcados, -que, por fuerza, y merced al Ayuntamiento, no son pocos- dada la lógica desesperación en que este estado de cosas sume a la gente. Podría poner ejemplos en que incluso las lágrimas, unidas a un ataque de nervios, estaban presentes.

Por lo demás, no se le conoce otra “gestión” a este plano y simplón alcalde del PP, que parece destinado a culminar las inacciones y gruesas equivocaciones -también, supongo, maldades- de un antecesor suyo de infausto recuerdo que, por algún posible desliz de copa, tenía el don de ver el tráfico doble. Por eso fue éste también el promotor de un tranvía para la ciudad, cuya desastrosa situación, confirmatoria de su no necesidad, hizo que se suprimiera –llevándoselo por delante la apabullante fuerza de la evidencia-. Su hábitat, literalmente hurtado a la circulación rodada, no ha sido hasta la fecha restituido al tránsito de los vehículos, sino que permanece como tierra de nadie, con sus fantasmagóricas señales verticales… y mostrando el abandono de unos raíles por los que resbala hacia el abismo la gestión de Delgado Bonilla.

MOVIMIENTO CINCO ESTRELLAS (*****)

Italia se encuentra en una encrucijada con las elecciones previstas para los días 24 y 25 de febrero. El país, así como tres de sus regiones (Lazio, Lombardía y Molise), porque se celebran también elecciones en ellas, tienen que decantarse, en un momento especialmente complicado, por una panoplia amplísima de partidos políticos, que van desde los de estructura más o menos tradicional, como el PdL de Silvio Berlusconi, la “Revolución Civil” de Antonio Ingroia, la “Selección Cívica” de Mario Monti, la “Liga Norte” de Roberto Maroni, “Amnistía, Justicia y Libertad” de Emma Bonino o, el que pasa por ser el favorito -el PD de Pier Luigi Bersani-, hasta el utópico movimiento ciudadano bautizado como “Movimento 5 Stelle” de Beppe Grillo.

Grillo, en este caso un cómico reconvertido en político -pues hay quien hace el camino al revés-, desgreñado, barbudo, malhablado, erigido en adalid de los grandes principios, reclama para su país, desgañitándose, megáfono en mano, con el pleno dominio de la escenografía que le confiere su pasado artístico, y sin concesiones a lo que es una campaña electoral al uso, aquellas conquistas sociales y políticas dejadas por el camino por mor de esta crisis sin fin, además de un saco de otros desiderátum.

Supresión de las asignaciones electorales a los partidos políticos, enseñanza de la Constitución y examen obligatorio para todo representante público, imposibilidad efectiva de acceso a cargos públicos para ciudadanos que hayan sido condenados, prohibición de acumulación de cargos públicos (p.e. alcalde y diputado), supresión de los sindicatos, un único canal de televisión público, en el que no haya publicidad, que sea informativo y cultural y, naturalmente, independiente de cualquier partido político; recordando que la información es uno de los fundamentos de la democracia, pues el ciudadano no informado, igual que el desinformado, no puede tomar decisiones y, por tanto, no puede elegir, asumiendo en definitiva un papel de simple consumidor o de elector pasivo, y siendo, por consiguiente, excluido en la toma de decisiones que le conciernen.

Nos guste o no un personaje con estas características, con esas formas poco convencionales de expresarse –se trata de alguien que llama sin rubor “Rigor Montis” a Mario Monti, por sus políticas de recortes- no puede negarse, incluso para los convencidamente descreídos en la “Res Publica”, que consignas como las que lanza en sus apariciones ante devotos enardecidos puedan ser en su país, y en cualquier otro, incluido el nuestro, del agrado de mucha gente en los momentos actuales.

Lástima que por los medios de información italianos se le intente tomar casi como una anécdota, como un exotismo, como un soñador, como si querer un país “cinco estrellas” fuera una entelequia inalcanzable, dando por sentado que, pese a la dispersión de voto que a buen seguro se producirá, la lucha electoral final va a ser entre el incombustible “giaguaro” (jaguar) Berlusconi – o “caimano” en palabras de Nanni Moretti- y el oscuro y experimentado representante del centro izquierda Pier Luigi Bersani.

¿Se cumplirán los buenos deseos que le auguraba a Bersani recientemente en un programa de televisión el subdirector del periódico afín “La Repubblica”, Massimo Giannini, cuando terminaba la entrevista concedida con un “in bocca al lupo e in culo al giaguaro”, en clara referencia a Berlusconi?

¿O será Beppe Grillo, que para eso tiene nombre de voz de la conciencia, el que más allá del tercer puesto que se supone va a alcanzar, conquiste el voto de sus conciudadanos por el hastiado mínimo común de las íntimas convicciones de éstos, y allí donde gane demuestre, pese a las pesadas inercias históricas del país, que una Italia “*****” es posible?

Y LO PRÓXIMO... EL VOTO CENSITARIO

No salimos de nuestro asombro con la barbarie que nos demuestra, un día sí y otro también, este ilustre Gobierno de meritorios prohombres de Universidad y Oposición, que más parecen, a juzgar por el primitivismo de lo que hacen, “analfabeti di retorno” que verdaderos hombres y mujeres de cacumen y cátedra, que es lo que se les suponía.

O a lo mejor hemos de encontrar la explicación a su iniquidad y manifiesta incompetencia en que son redomados felones –no confundir con masones, que eso lo eran los otros-, o a que estafaron, a ciencia y conciencia, a un electorado con la moral por los suelos, valiéndose de un programa y unas promesas que no estaban en disposición de acometer ni cumplir en la situación actual.

Su falta de sensibilidad, su arribismo, ha parido –o, a juzgar por su contenido y las virulentas y lógicas reacciones que ha suscitado en la sociedad española, ha malparido- la Ley 10/ 2012, de 20 de noviembre, por la que se regulan – con técnica legislativa deplorable, con precipitación en la entrada en vigor y con falta de previsión para su aplicación - determinadas tasas para el acceso a la jurisdicción –incluida la laboral-, y con la que se hace prácticamente imposible, habida cuenta la crítica época en que vivimos, la defensa de los cada vez más debilitados derechos de los ciudadanos -¡qué raro se me hace hoy llamar así a sujetos pasivos tributarios tan desposeídos de todo, tan vapuleados desde los poderes públicos, por mor de ese maná que, por haber dejado de caer, no sacia la voracidad de estos pseudorepresentantes de la soberanía popular, ni es suficiente para compensar el “spendere e spandare” de los últimos años o lustros!-.

Es inasumible para un ciudadano de a pie, y sobrepasa su resiliencia, pagar 300, 00 € por un procedimiento ordinario en la jurisdicción civil –si es que se ve obligado, por ejemplo, a realizar una reclamación de cantidad de más de seis mil euros- u 800, 00 € por un recurso de apelación –si es que no está conforme con el muchas veces ludopático criterio del juzgador-, o 1.200 € por un recurso de casación.

Obviamente, y como efecto colateral, esta legislación extorsionadora supone una agresión sin precedentes a los profesionales del Derecho, sobre todo a aquellos que intervienen con frecuencia ante los tribunales, ya que la medida va a hacer desistir a muchos ciudadanos de la defensa de sus derechos y, por consiguiente, los abogados, los procuradores –por cierto, ¿cuándo dejarán estos de ser una antigualla histórica y se fusionarán de una vez en el colectivo de abogados?- y hasta los peritos, van a ver tambalearse unas economías -las suyas- también diezmadas por los actuales tiempos de zozobra económica.

Y eso sin pensar en la deriva que pueda producirse hacia un “dumping” profesional para intentar hacer el trabajo de modo más económico que el compañero, por aquello de que el ciudadano, agobiado y limitado en sus medios económicos, ha de asumir o, al menos, hacer frente en un primer momento, a un coste tributario insoslayable.

Lo más denigrante, con todo, para un intelecto mínimamente cultivado es la afirmación que se contiene en el Preámbulo de la Ley cuando dice que “el derecho a la tutela judicial efectiva no debe ser confundido con el derecho a la justicia gratuita”.

El tema es que no estamos hablando de que el Estado –o las Comunidades Autónomas- deban asumir el gasto total de un procedimiento judicial en el que pueda verse inmerso cualquier ciudadano.

Es evidente que esto no es, ni puede ser, así.

Pero también es cierto que, para aquel al que legalmente se le presuma con capacidad económica para subvenir con sus propios medios al coste de un procedimiento judicial, el establecimiento de una tasa -y tan crasa- va a tener un efecto “disuasorio” para acudir a los tribunales de justicia. Y eso sí que es una traba a la tutela judicial efectiva, eso sí que es un torpedo a la línea de flotación del derecho fundamental recogido en el artículo 24.1 de la Constitución.

Son tantos los despropósitos cometidos por el detritívoro partido en el poder -partido que se dice, y se vendió electoralmente, como liberal, pero que demuestra modales intervencionistas de otro sesgo político- que ya no sabemos cuál será el próximo paso de aquel que, antes de ser Presidente, se autoproclamaba como absolutamente previsible. Hablamos de Don Mariano Rajoy Brey, de quien se postuló para pastor de un país descompuesto por años estériles de socialismo, pero también de imputados conservadores, y que a este paso va a quedarse sin cayado, zurrón ni grey.

Aprovechando el momento en que millones de españoles se hayan desperdigado por el mundo, en una salida constante, imparable y forzada por el hastío ante el desgobierno del país, vendrá, no lo próximo, sino lo enésimo.

Será por Decreto-Ley.

Será, quizás, el voto censitario.

"OCUPA EL CONGRESO"

El cabreo de la sociedad española con este sucedáneo de democracia a que nos tienen sometidos cristalizó en una convocatoria con eco en multitud de websites, como dice el Auto de 4 de octubre de 2012, dictado por el Juez D. Santiago Pedraz Gómez, titular del Juzgado Central de Instrucción nº 1 de la Audiencia Nacional, con motivo de la incoación de las Diligencias Previas nº 105/2012, y que se difundió bajo el lema “Ocupa el Congreso”.

Todos vimos lo que realmente sucedió. Todos sabemos aquello de lo que se trataba. Todos vimos la actitud de algunos de los concentrados, así como las cargas policiales que se produjeron. Todos vimos el cordón de seguridad impuesto por la policía. Todos vimos, en definitiva, la vergüenza de lo que pasó.

El Juez Pedraz sembró su Auto de consideraciones harto discutibles, producto de su propia cosecha ideológica y personal, posicionándose irrazonable y malhadadamente en contraposición a los hechos que pudieron apreciarse, a la lógica más elemental , y haciendo una interpretación “sui géneris” de los artículos 494 y 495 del Código Penal.

Pero aunque este proceder, a estas alturas de la Historia, tampoco sea de extrañar en el estamento judicial, tanta siembra, y semejante cosecha, nos llevan a concluir, sin ningún género de duda, que en el Auto, como suele decirse vulgarmente, el honorable Juez Pedraz estuvo “sembrado”.

¿Justifica este muy criticable Auto que, por cierto, tanto daño hace a la democracia real y a la intangibilidad constitucional de las Instituciones del Estado, que un político, D. Rafael Hernando (PP), descalificase de un modo tan intolerable al juez, diciendo de él que era un “ácrata pijo”?

¿Es aceptable en el comportamiento de un representante de la soberanía popular que, posteriormente, y sin esfuerzo alguno por arreglar su salida de pata de banco, dijera que sus palabras no debían tomarse como un insulto personal, sino como una descalificación –es decir, una crítica- del mencionado Auto?

Convengamos en que las resoluciones judiciales ofrecen en muchas más ocasiones de las deseables motivos suficientes para la crítica más acerba; pero una cosa muy distinta es denigrar personalmente de un modo tan brutal al honorable autor de tan desafortunado Auto.

¿Qué fue lo que realmente molestó al honorable diputado Hernando, el fallo y fundamentación del Auto, o la alusión que en el mismo se hacía a la “convenida decadencia de la denominada clase política” como justificación a lo sucedido dentro del marco constitucional a la libertad de expresión de la ciudadanía?

Naturalmente parece que fue esto último, pues otros representantes de los más variados y hasta opuestos partidos políticos que conforman el arco parlamentario, se revolvieron, molestos, por el picor que les produjo semejante alusión urticante, criticando igualmente el Auto del Juez Pedraz.

Deseamos pensar que el amicísimo de Garzón, otro honorable, no quiera despuntar con este Auto una intencionalidad de ocupar, de aquí en adelante, por mor de sus puñetas, el candelero mediático, como lo hizo aquel magistrado de aficiones cinegéticas que, finalmente, resultó víctima, como tantas veces sucede, de su propia afición y malas artes judiciales –o la historia del cazador cazado-.

Imaginemos la siguiente situación –quizás de laboratorio, pero que puede dejar de serlo con la bullente efervescencia actual de la ciudadanía- en la que se produzca una convocatoria con eco en multitud de websites a la que se la denomine “Ocupa la Audiencia Nacional”.

La convocatoria tiene, al igual que la del Congreso, una explicación sociológica, que es el cabreo de los ciudadanos con el funcionamiento de la Justicia y el merecido desprestigio del que gozan los jueces. Dato este avalado por la misma fuente de la que se extrae la desafección hacia la clase política: el CIS, el sacrosanto catecismo de la ciencia estadística.

¿Si hubiera altercados con la policía –incluso por parte, como dice el Auto del juez Pedraz, de terceras personas que se extralimiten en el objeto de la convocatoria- cabría apreciar falta de responsabilidad por esos hechos de parte de los convocantes?

Siguiendo la regla de tres del Juez Pedraz, parece que sí.

¿Si se produjera por parte de elementos exaltados una invasión del perímetro de seguridad –perímetro alejado de la sede del edificio de la Audiencia Nacional y, por consiguiente, ajeno al propio edificio y a su sede-, habría que deducir de este intento una intención de querer entrar en el edificio, o cabría pensar que solo se pretendía llegar a las puertas o, simplemente, “rodearlo” o “cercarlo”, como expresaba la convocatoria, ya que no serían de apreciar en lo sucedido indicios de que se quisiera, realmente, penetrar o “acceder” a la Audiencia Nacional?

Siguiendo la regla de tres del Juez Pedraz, parece que sería admisible la segunda opción.

¿Serviría en el argumentario del Auto, al igual que ocurrió con el Congreso de los Diputados respecto al Acta del Diario de Sesiones, el hecho de que no se produjera alteración alguna en el normal funcionamiento de la Audiencia Nacional?

Siguiendo la regla de tres del Juez Pedraz, parece que sí.

¿Se argüiría en el Auto diciendo que uno de los imputados ha manifestado que en modo alguno se pretendía invadir, penetrar, acceder o alterar el normal funcionamiento de la Audiencia Nacional?

Siguiendo la regla de tres del Juez Pedraz, parece que sí.

En la eventual circunstancia con la que estamos fabulando, ¿se pronunciaría el Juez Pedraz, en un supuesto Auto que tuviera que dictar, en el sentido de que no cabe prohibir el elogio o la defensa de ideas o doctrinas, por más que éstas se alejen o incluso pongan en cuestión el marco constitucional, ni menos aún, de prohibir la expresión de opiniones subjetivas sobre acontecimientos históricos o de actualidad, máxime ante la convenida decadencia del denominado estamento judicial?

Siguiendo la regla de tres del Juez Pedraz, parece que sí.

Por consiguiente, tampoco se habrían producido indicios de la perpetración de ningún delito.

Pero, nos preguntamos, ¿realmente el Auto que dictase el Juez Pedraz, en la circunstancia supuesta que hemos imaginado, tendría el mismo tenor que el dictado respecto a lo sucedido en la convocatoria “Ocupa el Congreso”?

Dudamos mucho de que fuera así.

Quizás, en este caso, el magistrado se hiciera alguna de las preguntas que no se hizo en su Auto de 4 de octubre de 2012, por ejemplo:

¿Si el lema era “Ocupa la Audiencia Nacional”, no significa en castellano el verbo “ocupar”, como demuestra el Diccionario de la RAE, “tomar posesión o apoderarse de un territorio, de un lugar, de un edificio, etc., invadiéndolo o instalándose en él”?

Por consiguiente, ¿de alguien que convoca con la palabra “Ocupa”, y no con cualquier otra, no se deduce y evidencia claramente su intención, habida cuenta lo que en castellano significa esta palabra?

¿Cabría pensar que, pese a todo, solo quisiera “rodearse” el edificio de la Audiencia Nacional?

El juez podría, entonces, pensar, que si así fuera, la gente allí congregada ya estaba “rodeando” el edificio, por lo que los intentos de traspasar el perímetro de seguridad instalado por la policía eran absolutamente innecesarios para conseguir tal fin, sobrepasándolo manifiestamente.

¿Aunque no se hubiera conseguido acceder por los ciudadanos al edificio de la Audiencia Nacional y, por consiguiente, no se hubiera alterado el funcionamiento del Tribunal, no es cierto que, por la ruidosa algarabía proveniente de los numerosos ciudadanos concentrados fuera de la sede, las deliberaciones y el trabajo del órgano jurisdiccional no se habrían desarrollado en las condiciones habituales, esto es, con la normalidad de todos los días, ante el temor de que se produjera cualquier incidente o altercado?

¿En esta circunstancia, la libertad de expresión habría alcanzado cotas de intangibilidad tan altas como la que pretende el Juez Pedraz respecto del Congreso, aunque ello supusiera poner en cuestión el marco constitucional y, en concreto el Título VI, dedicado al Poder Judicial, por aquello de la convenida decadencia del denominado estamento judicial?

¿Si los diputados, en tanto que miembros del Congreso, son la expresión de la soberanía popular (artículo 65 de la Constitución), y por ello los ciudadanos tendrían un legítimo derecho a protestar de modo más o menos airado contra los mismos - si es que aprecian en ellos esa “convenida decadencia”- no es más cierto que el artículo 117.1 de la Constitución dice que “la justicia emana del pueblo” y que se administra en nombre del Rey por Jueces y Magistrados integrantes del Poder Judicial, independientes, inamovibles, responsables y sometidos únicamente al imperio de la ley, y, por consiguiente, asistiría también a los ciudadanos, en uso de su libertad de expresión, el mismo derecho a recriminar a los jueces sus actuaciones “decadentes”, de las que, desgraciadamente, dan demasiadas muestras ?

Como se puede apreciar, argumentos los hay de todos los colores, pero la solución a una cuestión de índole jurídica, debido a la truculenta y trilera elección e intercambio de argumentos que tantas veces supone, y de la que los Tribunales son paladines, depende de la subjetividad y voluntad de quien predeterminadamente viene llamado a solventar el problema, sobre todo si detrás de ello se vislumbran las negras sombras de la ideología, si es que no también el cristalino punzón de una cierta “vendetta” entre poderes del Estado.

AGILIZACIÓN DE LA JUSTICIA O EL DEPORTISTA QUE NO CALIENTA

La Justicia pesa toneladas. Toneladas de papel. Eso lo sabemos todos. Las toneladas de los fardos de expedientes que, sin encontrar digno acomodo en el anaquel de un armario, se acumulan uno encima del otro esperando su estudio o, simplemente, su tramitación. Este peso, más bien sobrepeso, se pretende agilizar. La intención en sí es loable. La solución, sin embargo, no viene por donde debiera, a lo que más adelante nos referiremos, sino que se pretende que sea a través de una simplista dieta consistente en recortar garantías del justiciable, como los recursos, o en suprimir peldaños que el ciudadano ha de poder subir, en defensa de sus legítimos derechos, entre los que se encuentra el de que su causa, de reunir unos mínimos requisitos, pueda ser conocida por el Tribunal Supremo.

Esta medida del Gobierno, animada por un colectivo judicial siempre propenso a buscar los problemas fuera (todo sea por no ejercer la necesaria y sana autocrítica que, por otra parte, tan bien iría a una sociedad que, con toda justicia, cada vez les ve más devaluados en su consideración), no va a conseguir sustituir de otro modo la condena social a la que los jueces siguen abocados, si no cambian, y cambian de raíz, muchas cosas entre los togados como, por ejemplo: estudiar los casos, antes y después del juicio; escuchar a las partes y a los profesionales que colaboran con la Justicia, suprimiendo los deleznables sesgos de arrogancia y recuperando el respeto que, ahora, parece importarles una higa; velar activamente por el cumplimiento de las garantías constitucionales; puntualidad en los señalamientos, haciéndose conscientes de que todo el mundo dispone de un tiempo tan digno y valioso como el de los togados; reinstauración del silogismo jurídico, que va de las premisas a la conclusión, y no al contrario, eliminando de este modo el criticable voluntarismo del que hacen gala y, por no seguir con algo que merecería una larguísima disertación, el respeto a la función jurisdiccional, en todos sus postulados y, en particular, el de la independencia judicial.

La estrategia de agilización de la que venimos hablando, como toda estrategia que no lo es, es decir, como todo prurito vano de movimiento sin una reflexión previa, sin un calentamiento, vino hace nada precedida por la instauración de un sistema de depósitos que era necesario consignar para acceder a una cascada de recursos. Depósitos que, si bien de exiguo importe monetario, no dejan de ser una traba en la defensa de los derechos. Siendo la necesidad de recaudación el leit–motiv de aquella modificación legal, además de suponer un carácter disuasorio en un momento de crisis económica, se vendió a los ciudadanos mixtificando una vez más la realidad: exceso de recursos, falta de fundamentación de los mismos, intención dilatoria de los procedimientos por parte de los abogados, etc. En el fondo siempre quedaba el porcentaje considerable de desestimación de los mismos –el CGPJ habla de un 85%– y, por tanto, se colegía por algunas instituciones, a modo de conclusión irrefutable– claro que siguiendo una lógica no homologada– la gran profesionalidad de los jueces de este país. Exactamente el mismo argumento que ahora se esgrime para obligarnos a «confiar» en su buen hacer.

La mordaza que impide la expresión no es confianza, pero es muy fácil que encrespe los ánimos de la gente por la frustración que a buen seguro va a ocasionar.

Los bruscos movimientos de este sistema anquilosado que, como un mal deportista, quiere ponerse a punto sin un calentamiento previo, va a producir, así lo creemos, una serie de efectos contrarios a aquello que se pretende y, en definitiva, va a llevar a la Justicia a un estado de descrédito sin precedentes en un país que se dice de tantos modos discutidos y discutibles que hasta Democracia y Estado de Derecho podrían suponer pronunciamientos dignos de recurso... Si no fuera porque la agilización del sistema judicial nos va a impedir que una instancia superior revise su justeza. ____________________________________________

Publicado originalmente en "La Opinión de Málaga" el 17 de marzo de 2011

UN LUGAR PARA EL EXILIO

No eligieron Nantes.

Nadie elige el destino.

Unas circunstancias adversas les crearon la necesidad.

La supervivencia, las más de las veces, o el legítimo deseo de realización o superación, les convencieron en su idea de abandono.

Luego, la casualidad les ubicó, finalmente, en el espacio.

Podría haber sido Nantes, como fue; pero podría haber sido cualquier otro sitio.

España está siendo despoblada por decisión de aquéllos, jóvenes licenciados y trabajadores, que no ven un futuro en su tierra, propiamente un país esquilmado por los brahmanes de la política. Los ciudadanos somos el pretexto para su pervivencia, y acaso los siervos de la gleba en un sistema cuasi feudalizado.

Vivimos paralizados por el temor que nos infunde una situación que no llegamos a comprender del todo pero de cuya solución no confiamos. Lo cierto es que apenas hay quien mueva un dedo. Y, el que lo mueve, es para irse a otros lugares, desaparecer, en busca de más prometedoras expectativas de vida. En Nantes.

Y entre los que se quedan no hay quien apriete un puño, quien golpee el tablero de una mesa, o el culo de una cacerola, al grito de “hasta aquí hemos llegado” y resuelva –sí, digo bien, resuelva- rescinda unilateralmente un contrato social tan incumplido como desnaturalizado con el tiempo a base de reprobables anexos abortados en Cámaras Legislativas o en Cancillerías de toda laya, donde medran politicastros y burócratas alejados del día a día de los ciudadanos.

¿Por qué no retomar las riendas de la situación?

¿Por qué no embridar nuestros destinos, descabalgando a estos arribistas interesados solo en sinecuras, hasta que resolvamos en darnos un modo nuevo y más participativo de conducirnos como país, abriendo con ello si es preciso- que parece serlo- un nuevo proceso constituyente?

¿A quién importa, oiga, lo que diga el Diputado del Partido X?

A mí no.

¿A quién importa, oiga, lo que diga el Diputado del Partido Y?

A mí no.

¿A quién importa, oiga, por qué y contra quién arremeta el Senador del Partido Z?

A mí no.

¿A quién de vosotros no indigna que las televisiones –y sobre todo, la pública, la que pagamos con los diezmos- le dedique un minuto de emisión a una pantomima tan estéril y patética para sus protagonistas como humillante para los que ingenuamente les han elegido, ofreciéndonos imagen y sonido de semejantes sandeces?

A nadie. O, al menos, a nadie debería importarle. Como nadie hoy debería comparecer para emitir un voto. Entonces sí que podríamos decir que un proceso electoral había contado con la participación de todo su censo. Porque no comparecer ante una urna, dígase lo que se quiera, es opinar, es votar; es también ilustrar a estos vividores a cuenta de la representación pública sobre el significado real de nuestro sistema político, privándoles del carácter de instructores del que se invisten.

Y es que la democracia, recordemos, es algo más, mucho más, que partidos políticos.

Lo que, sin embargo, sí que me importa, como ciudadano, es esta vía imparable de emigración con la que nos desangramos, esta pérdida valiosísima de capital humano, este fracaso colectivo como nación; fracaso que reprocho, con carácter principal, a nuestros gestores públicos.

He departido en fechas recientes con algunos de nuestros “fugados” en Nantes. Aprenden francés a trompicones, del mismo modo en que, en un nuevo escenario, tratan de abrirse paso en el mundo laboral. Se adaptan a su nuevo hábitat. Pero añorando el que dejaron.

Se sienten respetados, aceptados y hasta queridos; no explotados, afortunadamente. Los tiempos en que la ciudad albergó el mayor puerto negrero de Francia quedan muy lejos. Como rémora, una numerosa y localizada población de color, entre la que nos mezclamos en nuestro deambular por el barrio de Bouffay.

De estos jóvenes licenciados españoles en busca de su primer empleo, de estos trabajadores damnificados por la burbuja de sectores productivos tan poco competitivos como débiles, de estos exiliados económicos, me despedí con un fuerte abrazo en el lugar de su exilio, en Nantes, deseándoles aquí la suerte que no tuvieron en su país.

MI PRIMERA NOVELA: "EL APELLIDO DEL EXTRAÑO". En "El apellido del extraño", con un lenguaje asequible y alejado de las cuestiones técnicas del mundo de lo jurídico, fabulo, a partir de numerosos casos que he tenido ocasión de conocer, sobre un tema de actualidad y de tanta gravedad que tiene a los niños como víctimas propiciatorias de los desencuentros, aparentemente inconciliables, entre sus padres. Niños que, dicho sea de paso, no tendrían que andar solos, y a su suerte, por la difícil senda de su formación como adultos; ni tampoco acompañados de un equivocado modelo consistente en un maniqueísmo encarnado en la figura de sus padres, cuando estos han decidido romper, por la razón que sea, su convivencia.

En resumen, es una novela que denuncia una situación familiar, la de Juan Corrales, que desgraciadamente cuenta hoy día con más réplicas de las que serían deseables, e invita al lector a una seria reflexión sobre la importancia de cambiar actitudes en todos aquellos que, por la razón que sea, no calibran debidamente las consecuencias graves e injustas de sus actos sobre los hijos tras una ruptura sentimental, ya que son víctimas inocentes y -repetimos- propiciatorias, de algo de lo que no son responsables. La consecuencia acaso más dramática, y que representa una manifestación adicional de este aberrante fenómeno, es la del padre o madre que, por venganza contra su ex-cónyuge o pareja, sacrifica literalmente la vida de alguno de sus hijos (filicidio). Son muchos, demasiados, los casos en que algo así ha sucedido. La imagen -siempre una pintura negra- nos la dio Francisco de Goya con su cuadro "Saturno devorando a uno de sus hijos", aunque el tipo de suceso que comentamos no se corresponda con la alegoría que pretendía representar este óleo. Actualmente, en España, se encuentra todavía abierto, pendiente de resolución judicial, el caso de los niños Ruth y José, aunque podría tratarse, para desgracia y vergüenza de nuestra sociedad, de uno más de filicidio por causa de una crisis matrimonial.